Por Sara Giraldo Posada

Declive, el Estado moderno



El estado es un mecanismo históricamente temporal,
 una forma transitoria de sociedad.

Mijaíl Bakunin

El Estado como institución, como figura de organización social y como parte de la construcción del orden internacional ha sufrido modificaciones en su concepción, modelos y finalidades a través de los siglos, hasta convertirse en lo que conocemos actualmente bajo este término.

Sin embargo, la idea de Estado, o mejor, el cumplimiento de las finalidades del mismo, ha entrado en crisis. No quiero decir con esto que la crisis sea exclusiva de los Estados contemporáneos, por el contrario, el concepto como tal, desde sus orígenes ha fallado. La diferencia hoy es que, ante mayor población mundial, más se ahondan y visibilizan estas falencias.

El Estado debe responder a un esquema de organización social que vela por los intereses de sus asociados. Esto se desarrolla desde perspectivas variadas como la económica, política, social y cultural. A su vez, desde cada una de estas se desprenden variantes que interactúan con las variantes de las otras para constituir un cúmulo de modelos de Estado.

Ahora bien, en el caso colombiano tenemos un Estado Social y Democrático de Derecho, desde la perspectiva política y social; y liberal capitalista, desde la perspectiva económica. Estos dos modelos, que son los más comunes en el mundo occidental, presentan en sus planteamientos una serie de fuertes contradicciones. Es imposible que estas dos formas coexistan, son de hecho, absolutamente excluyentes.

En este orden de ideas, se presentarán en este escrito tres instancias de estudio: primero se explicarán las razones bajo las cuales se sustenta la imposibilidad de que los modelos enunciados en el párrafo anterior puedan funcionar simultáneamente de manera exitosa; luego, se expondrán algunos aspectos de los que debe preocuparse el Estado moderno y; por último, se presentarán las conclusiones.

Siguiendo el orden sugerido de manera precedente, se debe abordar entonces la dicotomía que existe entre la implementación de un Estado Social de Derecho como modelo político de Estado y que dentro del mismo opere el sistema económico capitalista. Esta contradicción se planteará desde la óptica de las teorías de la justicia.

El Estado Social de Derecho se fundamenta en el concepto de la justicia igualitaria. Es decir, la que se preocupa por propiciar condiciones de igualdad. Bien sea igualdad para los iguales, o igualdad en términos genéricos. Finalmente, el propósito es limitar la distancia entre los extremos de la sociedad.

Por otro lado, el sistema capitalista atiende a un modelo de justicia libertaria -o liberal-, que se fundamenta en la protección de la propiedad privada con fin último del Estado. De ahí que, cada quien desarrolla sus derechos en la medida en que le es posible y así, el Estado se limita a proteger lo que el individuo posee.

Vemos entonces, cómo en el primer caso, hablamos de obligaciones positivas que debe adquirir el Estado con sus asociados, mientras que, en el segundo nos referimos a obligaciones negativas. Es por ello que los dos sistemas no pueden coexistir, puesto que mientras uno amplía el espectro de acción del establecimiento, el otro lo restringe. Al presentarse este choque de alcances y de visiones, las funciones estatales colapsan.

Ahora bien, para desarrollar la siguiente línea propuesta, abordaré entonces la enunciación de algunos problemas profundos de los que debe preocuparse el Estado. Estos serán discriminados por áreas, así: económicos, políticos, sociales y culturales.

Dentro del grupo de los problemas económicos resalta principalmente el asunto de la pobreza extrema, que no podrá ser superada jamás atendiendo a las políticas liberales a las que condiciona el Banco Mundial, ya que, por su naturaleza, lo que hacen es permitir la continuidad del círculo vicioso en el que los países nunca dejarán de acudir a la banca internacional para solucionar sus problemas financieros. Realidad esta que los jefes de Estado prefieren ignorar.

Por otro lado, es imperiosa la necesidad de aprovechar la tierra, que, supeditada a los latifundios, jamás podrá cumplir la función social que tiene la propiedad en el Estado Social de Derecho -otra contradicción entre los modelos que se señalaba arriba-. En razón a esto, pocas personas se benefician de amplias cantidades de tierra productiva, acrecentando por consecuencia la brecha económica social.

Se abordarán ahora los problemas políticos, dentro de estos resaltan dos, el primero es el sistema democrático y el segundo, atiende más al desarrollo y planteamiento de las políticas públicas.

De esta manera, el sistema democrático, que es el que más se ha extendido en el mundo occidental, es de alguna manera la causa de muchos de los problemas a los que debe hacerle frente el Estado moderno. La democracia y su modelo de partidos, ha provocado que se avale cualquier doctrina política, cualquier forma de participación en política y cualquier forma de gobierno. Legitimar decisiones, administraciones y propuestas en virtud de la dictadura de las mayorías es sin duda una de las razones por las que las instituciones no funcionan como deberían.

Este modo de legitimar las formas, los procedimientos y los resultados, elimina del foco de atención lo que realmente es importante, es decir, el contenido, los alcances y repercusiones de las propuestas, así como la manera de implementarlas. Los votantes, a su vez, son quienes sostienen el sistema corrupto, bien sea por acción o por omisión. Por acción, cuando son conscientes de que no toman una decisión con el propósito del bien común y; por omisión, cuando son incapaces de razonar en torno a su decisión de voto. Esto último sucede, por ejemplo, cuando el sujeto no tiene formación educativa de ningún nivel; cuando grupos religiosos conforman partidos políticos y los creyentes votan por orden divina; finalmente, cuando opera el fanatismo político, en otras palabras, en los casos en que los líderes políticos se convierten en poseedores de la verdad incuestionable -bastante similar a lo que pasa con los partidos políticos de los grupos religiosos- y sus seguidores votan como un acto de fe.

Para hablar de las políticas públicas, hay dos aspectos que quisiera mencionar, inicialmente, lo que tiene que ver con la discriminación positiva que se hace a las minorías. Implementar una política de discriminación para incluir es en sí una contradicción, incluso, aunque se crea que es positiva. Se cae por el propio peso del término. Discriminar es discriminar, sea bajo cualquier parámetro o filosofía. Al utilizar esa palabra ya se está remarcando la diferencia, de ahí que sea imposible cumplir con el cometido. Esto seguramente parecerá baladí, pero no lo es. Evidenciar la diferencia, aunque sea positiva, impide pensar en algún criterio de igualdad. De esta manera, al no ser posible “igualar” a las minorías, las políticas que pretenden incluirlas fallan.

El otro aspecto, responde al mal enfoque sobre el que se desarrollan las políticas. Es grave diseñar políticas públicas para hacer política. Me explico, crear sistemas y empresas para sostener soluciones temporales, a modo de plan de choque, porque realmente no solucionan el problema, convierte a los ciudadanos “clientes” satisfechos, no en sujetos de derechos. De ahí que vender humo con la entrega de subsidios, ampliar la posibilidad de acceso a créditos bancarios, en lugar de crear empleo y fortalecer lo público, repercute en que se debilite la idea de Estado, ya que este no está al servicio del asociado, sino que se vuelve un proveedor o facilitador de servicios.

Llegado a este punto, nos convocan los aspectos sociales. Dentro de los que podemos ubicar la problemática situación de la sobrepoblación.  Es una cuestión matemática sencilla, a más personas, menos recursos. Atender cada vez a más asociados, en un Estado débil, es un asunto no menor, que se vuelve financieramente insostenible, si los servicios como están son insuficientes y los ingresos no ascienden, pero la población crece exponencialmente, no hay que ser un experto para comprender que no existe viabilidad para sostener el aparto funcionando y satisfacer necesidades básicas en la población.

También es imperativo vincular a los grupos periféricos, no solo a las minorías étnicas, sino a los nuevos grupos sociales emergentes, como los ecologistas, los animalistas, la comunidad LGTBI y cualquier otro grupo que pueda hacer una resistencia social, incluso a los estudiantes, con el propósito de analizar sus puntos de vista, sus aportes y construir algo con mayor sentido social. De esta manera, con decisiones concertadas, seguramente existirá mayor respeto por las normas, así como sentido de pertenencia frente a los espacios, autoridades e instituciones públicas.

Como último punto de estudio, se sugirió lo referente a los aspectos culturales que debería considerar intervenir el Estado moderno. Parece que todo se resume en unas propuestas más bien románticas, como promocionar y alentar la tolerancia, el respeto por el otro, luchar contra el desinterés por lo público y la indiferencia frente al medio ambiente. Todo esto solo puede lograrse desde el campo de la educación, la formación y la cultura cívica. Es un aspecto que aunque parece menos profundo que los anteriores, es realmente trascendental y puede ser la piedra angular para impulsar las demás reformas que se requieren.

En síntesis, parece que es necesario sentarse a repensar el Estado, replantear sus fundamentos. Reconstruirlo, no solo como modelo, sino como idea, como concepto.  Pareciera necesario incluso, pensar en otra forma, acabar el Estado y proponer una nueva figura que se cree a partir de las necesidades, en otras palabras, construir de abajo hacia arriba.  Se requiere comenzar a planear, a proyectar e intervenir desde las bases de la sociedad, para que el cambio que se pretenda pueda darse y tenga probabilidades de ser exitoso. 

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